El acuerdo alcanzado entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el sábado pasado no conducirá a un cambio significativo en las finanzas del país, ya que afecta principalmente a una parte del presupuesto conocida como gasto discrecional. Esto limitará el gasto en ciertos servicios del gobierno federal, pero no reducirá de manera significativa el déficit presupuestario general, proyectado en alrededor de $20 billones durante la próxima década.

El acuerdo restringe el gasto no relacionado con la defensa, que constituye una parte relativamente pequeña del presupuesto total, pero incluye fondos para el medio ambiente, la investigación científica, el Departamento de Justicia y más. Con una tasa de inflación anual del 5%, no habrá suficiente dinero el próximo año para mantener los mismos servicios fuera de las áreas de seguridad nacional.

Incluso en el ámbito de la defensa, se realizarán recortes selectivos, ya que el aumento del 3,3% acordado entre la Casa Blanca y los representantes republicanos está por debajo del nivel de inflación.

El acuerdo no afecta a la mayoría de los programas de rápido crecimiento, como Medicare, Seguridad Social o Medicaid, que representan una parte significativa del presupuesto.

Los índices del mercado de valores reaccionaron positivamente al acuerdo, mientras que el índice del dólar, que se fortaleció anticipando una posible suspensión de pagos en Estados Unidos, mostró signos de desaceleración.

El equipo de Biden accedió a recortar $21 mil millones en diez años en la aplicación de impuestos por parte del IRS y $28 mil millones de los gastos previos por COVID, lo cual, según la Casa Blanca, ayudará a evitar que las agencias internas prácticamente congelen el gasto el próximo año. Esto representa un compromiso, ya que los republicanos de la Cámara buscaban derogar todos los gastos no obligatorios de ayuda por COVID y la mayoría de los $80 mil millones asignados al IRS en la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.

En resumen, el acuerdo evitará una suspensión de pagos, pero solo reducirá marginalmente el gasto y el endeudamiento en general. También puede aliviar la presión inflacionaria al frenar el crecimiento económico.